¿APROBAR O RECHAZAR?

Como respuesta a la más grave crisis política de las últimas décadas, el Congreso puso en marcha el 15 de noviembre de 2019 el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la esperanza de que fuera un importante instrumento de unión de todos los chilenos bajo un mismo techo, con reglas democráticas claras e inclusivas. Su nombre fue, precisamente, Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Habiendo leído con detención (dos veces) los 499 artículos aprobados en el Pleno, he llegado a la convicción de que este difícilmente será el techo que nos una, sea cual sea el trabajo remanente de las Comisiones de Armonización, Transitoria y de Preámbulo. Por el contrario, se ha visto una porfiada tendencia a profundizar las divisiones y a crear nuevos conflictos, por parte de los sectores más radicalizados que en los hechos controlan esta Convención. Ahora pretenden aplicar las mismas reglas de Jaime Guzmán, un cerrojo de 2/3 que impida al Congreso modificar la Constitución. Ese intento recién fracasó, pero demuestra la insistencia radical de muchos convencionales. Ya está claro, en mi opinión, que no será un Acuerdo por la Paz Social, sino un acuerdo partisano, que podría traer aún más división al país.

Este borrador constitucional tiene, por cierto, una amplia mayoría de elementos positivos y rescatables, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, y tiene el mérito de poner en la palestra la descentralización, la protección del ambiente y los pueblos originarios, pero contiene varios elementos que, por separado, son muy problemáticos, y que en conjunto, pueden detonar un proceso de crisis política, económica, social y de violencia que supere con creces a la que motivó este acuerdo constitucional.  Estos elementos son los siguientes:

Plurinacionalidad desigual y extremista. Desde un inicio, quienes aprobamos este proceso estábamos convencidos de la necesidad de darle un reconocimiento formal a los pueblos originarios, cuestión a la que los partidos de derecha siempre se habían negado. Sin embargo, esta Constitución consagra desigualdades profundas, con escaños reservados en todos los niveles de gobierno, y autonomías territoriales excesivas, con autogobierno, con sistemas jurídicos propios, con un poder omnímodo dentro de sus territorios, lo que generará situaciones muy similares a las que hoy vemos en Temucuicui, desintegrando Chile en muchas islas de conflicto. ¿Qué pasará con las personas que viven en esos territorios y no se autoidentifican como de pueblos originarios? Esa indefensión parece inaceptable. Queríamos superar esa desigualdad, no profundizarla.

Las obligadas expropiaciones que se proponen en el texto, cubrirán en los hechos miles de hectáreas en la macrozona Sur. Se les definen escaños reservados en todos los cuerpos nacionales, regionales y comunales, con lo cual el principio de “un chileno, un voto» queda vulnerado. Reparar los daños del pasado, no puede ser a costa de dañar a las personas del presente.

Descentralización desintegrada y extremista. Del mismo modo, sigo convencido de la necesidad de descentralizar el país. Pero al definir regiones, comunas y territorios con total autonomía política, administrativa, económica y financiera, se desorganizará completamente la actuación del Estado, incluso en la prestación de servicios que se están definiendo como derechos sociales en el mismo texto constitucional. Los ciudadanos de regiones estarán peor, no mejor, con esta propuesta. Un país, para avanzar, necesita coordinación, y esta propuesta implica una gran descoordinación del Poder Ejecutivo.

Debilitamiento y vulnerabilidad del Poder Judicial. Al definirse un Consejo Nacional de Justicia con minoría de jueces, con potestad para contratar, despedir y reorganizar el sistema judicial, este será muy vulnerable políticamente, eso sin contar con la existencia de Poderes Judiciales paralelos por cada pueblo originario. La de por si abusada figura de la Acusación Constitucional ahora se extenderá también a jueces, militares, y gobernadores, y podrá aprobarse por simple mayoría de los asistentes en el Congreso. Esto es, por decir lo menos, insólito.

Por otro lado, el retiro adelantado de jueces y fiscales mayores de 70 años producirá en lo inmediato la virtual parálisis de muchos tribunales y procesos penales. Por último, la nueva figura de tutela de derechos en lugar del amparo, generará miles de litigios de ciudadanos contra el Estado, generándose desigualdades entre ciudadanos litigantes y no litigantes, y debilitando la acción del gobierno en materia de políticas públicas.

Facilitación de la violencia. En esto, los convencionales extremistas actuaron por omisión, eliminando del texto figuras imprescindibles como el Estado de Emergencia, mismo que el propio Presidente Boric ha debido decretar recientemente, y eliminando además el crucial rol de las Fuerzas Armadas para asistir a la ciudadanía en caso de emergencias civiles como por ejemplo terremotos.

Inestabilidad política y legislativa, derivada de las normas del sistema político. Por ejemplo, el texto pone fin a los quorum normalmente utilizados para temas relevantes. Así, muchas leyes podrán aprobarse por mayoría simple de los diputados presentes en la sala, ni siquiera de la totalidad de los Diputados. Como ejemplo aberrante, podría eliminarse la independencia del Poder Judicial, la Contraloría o el Banco Central por esta simple mayoría. Para el mismo propósito, estos sectores extremistas han acordado la desaparición del Senado como contrapeso esencial.

Las personas demandaban más control a los políticos, esta Constitución hace todo lo contrario. Le entrega a los futuros Diputados control sobre muchos organismos del Estado, habrá un espectáculo permanente de múltiples acusaciones constitucionales, de todo tipo de leyes absurdas que serán aprobadas, y posteriormente rechazadas por otra mayoría simple en breves plazos. Seremos un país más inestable, con diputados con más poder y menos control. Para remate, aquello que era indispensable definir constitucionalmente, como por ejemplo una mejor ley electoral y de partidos políticos, fue omitido.

Deterioro económico y del empleo. Se generará decrecimiento por la incerteza jurídica que involucra la nueva Constitución. Esto ocurrirá como fruto de diversas normas que implican mucho riesgo a la inversión y al derecho de propiedad. ¿Por qué alguien, chileno o extranjero, querría invertir en uno de los países más alejados del mundo, con un mercado pequeño y sin normas claras?

Así, conceptos como expropiación “a precio justo”, la “incomerciabilidad” de los derechos de agua, el derecho a huelga por cualquier motivo no relacionado con la empresa, o la exigencia de autorizaciones previas de pueblos originarios para toda actividad en territorios que afecten sus derechos, ocasionarán un inevitable deterioro al patrimonio, no solo de las grandes empresas, sino también de cientos de miles de agricultores y pequeños empresarios mineros. Al paralizarse las inversiones, habrá mayor desempleo y menor recaudación fiscal, tan necesaria precisamente para satisfacer los derechos sociales. Las afirmaciones de que los ciudadanos tendrán mejor acceso a prestaciones sociales son, por esta razón, falsas.

El “efecto Transantiago”. Cuando se puso en marcha este sistema de transporte, fallaron simultáneamente muchos elementos, lo que ocasionó una crisis que se prolongó por muchos años, perjudicando a millones de ciudadanos de escasos recursos. Con los seis elementos arriba mencionados ocurrirá lo mismo. La descentralización extrema se concatenará con la plurinacionalidad, y ambas con los problemas económicos, y así sucesivamente, en un círculo vicioso de mayor inestabilidad y violencia. No exagero entonces al decir que se puede ocasionar una crisis de imprevisibles magnitudes, un verdadero Transantiago constitucional.

En caso de Rechazo, el Congreso, que es el poder constituyente originario, y que no ha perdido esta potestad, podría comenzar desde el mismo día 5 de septiembre un proceso que termine, en los plazos más breves posible, y por el método que estimen conveniente (incluyendo por ejemplo la consulta a expertos), la elaboración de un acuerdo que recoja los aportes positivos del texto constitucional, pero que corrija los profundos y dañinos vicios arriba mencionados y que nos dé una casa de todos y para todos. En caso de Apruebo, al Congreso le será muy difícil realizar modificaciones mayores para corregir los vicios arriba mencionados.

Ahora, al lector le toca decidir: ¿Apruebo o Rechazo? Vaya a votar y hágalo en conciencia.